http://www.usatoday.com/news/washington/story/2012-01-18/obama-rejects-keystone-pipeline/52655762/1

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Por:

Dr. Miguel Ibánez Sánchez

Profesor de la Escuela Profesional de Geografía. UNMSM

Profesor de la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. UNMSM.

Se han cumplido 4 meses del terremoto y tsunami que asoló el Japón, Región Costera de  de Tōhoku con una magnitud finalmente confirmada de 9,0 Mw ocurrido el 11 de marzo 2011 y el 15 de agosto se cumplirá 4 años del Terremoto de Pisco al Sur de Lima  PERU (Mw = 7.9) que dejó 510 víctimas y una secuela de desorganización y corrupción.

Japón por su posición insular dentro del Círculo de Fuego del Pacífico y la subducción de la placa pacifica formando la fosa asiática ha sufrido devastadores sismos como el ocurrido en Kanto en la planicie cercana a Tokio en 1923 (7,8 Ms) que originó la muerte y desaparición de más de 140 mil personas.

Después del terremoto de Kobe en l995 con cerca de 7 mil víctimas mortales el Japón tuvo que poner sus  barbas en remojo e iniciar drásticas medidas de prevención y mitigación ayudado por la tecnología y la inversión estatal y privada. El Japón ha sufrido la pérdida de 20,927 personas, la pérdida de 50 mil viviendas, ha impactado en el 4% del PBI, y solamente ha retirado menos de la mitad de los escombros. Una revisión rápida de las medidas de respuesta rápida  durante y después del evento ha puesto en el tapete tres aspectos importantes:

Primero fallas en la planificación urbana del litoral, fallas estructurales de edificación para sismos por encima de 9,0 M_w,

Segundo el desprecio sobre los planes de prevención y mitigación de los tsunamis en la magnitud presentada.

Tercero lo relacionado a la debilidad de los proyectos de centrales atómicas especialmente a la Central Nuclear de Fukushima cuyo sistema de refrigeración de emergencia dejó de trabajar originando un desastre catalogado en la categoría 4  por la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Estos tres aspectos fueron dejados de lado a pesar de la tragedias del Tsunami en Indonesia en el año 2004 y el 2010 y la explosión de Chernóbil que alcanzó la categoría 7 la máxima connotación de la escala enunciada y el accidente de la Central Norteamérica  Three Mile Island catalogada con la categoría 5 accidente con consecuencias de mayor enveradura.

El problema de los sismos en términos geológicos tiene sus causas en el mecanismo de la Tectónica de Placas, teoría que trata de explicar el movimiento del fondo oceánico, el origen de las fosas marinas, las montañas, los arcos volcánicos y por ende las zonas de intensidad sísmica en el planeta.

Pero la magnitud en las víctimas y pérdidas en la economía se derivan de otros factores geográficos como la ubicación de las ciudades, el envejecimiento del tejido urbano, la falta de regulaciones antisísmicas en la construcción de viviendas y otras infraestructuras,  la ocupación urbana en áreas de alto riesgo y el establecimiento de almacenamiento de combustibles peligrosos y centrales atómicas. El número de víctimas fatales está en relación a la capacidad de respuesta, al sistema de alarmas tempranas de última generación, los procedimientos de evacuación de viviendas y edificios, la atención al rescate, la atención médica oportuna, y la disponibilidad de refugios.

Después de un sismo los incendios urbanos y forestales, explosiones de depósitos radioactivos y tsunamis son comunes y cada evento merece una respuesta disciplinada. En la región Peruano – Chilena los mecanismos de la tectónica de las Placas Nazca y la sudamericana son similares a las del Japón, sin embargo las condiciones geográficas varían bastante. El Japón es estrictamente insular y volcánico y nuestra franja  es continental, montañosa y volcánica. En lo referente a prevención,  mitigación y respuesta rápida, el Japón nos lleva muchos decenios de años de ventaja.

En un trabajo publicado por el Instituto de Investigación de la Facultad de Geología  de la UNMSM el Dr. Churchill Vela Velásquez establece que los esfuerzos de la Placas de Nazca y Cocos que han originado los últimos sismos en el Perú en 1970 (Huaraz), Pisco (2007) están directamente relacionados por los Bloques Fallados del Oeste de la Placa Sudamericana. Teniendo en cuenta que el mecanismo de las placas es planetario y compromete incluso el eje polar; la cuenta regresiva para la posibilidad de un sismo catastrófico en el Perú ha comenzado. A diferencia del Japón después de Lima (1940), Huaraz (1970) y Pisco (2007)  el Perú no ha realizado ninguna inversión seria tanto en la educación, prevención como en seguridad sísmica.

El experto internacional de la sismología  Julio Kuroiwa ha expresado que de ocurrir un sismo igual al de Concepción – Chile, en Lima Metropolitana la magnitud de los daños y víctimas sería catastrófico, también  en un programa de televisión después del sismo de Japón se dijo que los simulacros de desastres organizados en el Perú han sido un desastre. Por otro lado el gobierno central y los gobiernos locales  en los últimos 40 años han permitido que miles de viviendas se ubiquen en las riberas del Río Rímac, en conos torrenciales, en los cerros de alta pendiente, en arenales, como producto del sistema corrupto del gobierno central y de los gobiernos locales, los permisos para edificaciones sin los estudios adecuados multiplicarían el número de víctimas. Solamente en el centro histórico de Lima existen 30 mil viviendas próximas a colapsar.       Aunque los suelos de Lima Metropolitana ubicados en el cono de deyección del aluvial del Rio  Rímac gozan de propiedades buenas para el asentamiento urbano, las crepitaciones y aceleraciones varían en forma peligrosa de acuerdo al originen de su formación: zonales como son los sedimentos de antiguos estanques de agua, acumulaciones de arcillas y arena fina lenticulares, rellenos artificiales de desmostes y de basura urbana entre otros.

El terremoto de Concepción en Chile a 325 km al sureste de Santiago tuvo una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter y fue 50 veces de mayor intensidad del ocurrido en Haití.

Carros cayeron de un puente de alta velocidad en Santiago de Chile durante el terremoto del 27 de febrero 2007. (REUTERS/Marco Fredes)

En base al estudio del terremoto del 15 de agosto 2007 (Mw = 7.9) en Pisco UNAM, INGEMET y CISMID efectuaron una clasificación de terrenos con fines de diseño sísmico para las ciudades de Pisco. Ica y Lima-Callao, estos valores se establecieron según el Eurocode 8. Para los terrenos de la Ciudad Universitaria cercana a la Estación  de Universidad Católica,  corresponde la Zona IV: En la cual las funciones de transferencia empírica ubicada en el distrito de San Miguel tienen un periodo predominante de 0.6 s con amplificación bastante fuerte, aproximadamente 10 veces en suelos de tipo aluvial.

De acuerdo a los trabajos de Isabel Bernal y Hernando Tavera de la Dirección de Sismología-IGP las estaciones que responden a periodos predominantes próximos a 0.1 segundos se ubican en los distritos de La Molina (MOL) y San Miguel (PUCP) lo que implica la variación de la calidad del suelo a distancias cortas.

Según los trabajos de zonificación sísmica (Z. Aguilar y J. Alva) del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmica y Mitigación de Desastres CISMID, la presencia de distintas acumulaciones excepcionales encima del aluvial pueden resultar aceleraciones y trepidaciones peligrosas como el caso de los suelos de la Ciudad Universitaria, San Miguel y La Perla (Callao).

Fotos del Tsumani e incendios de depósitos de combustibles después del del terremoto del Japón 2011, divulgados por www.losdeltablon.com a nivel internacional.

La Universidad de San Marcos debe responder al reto de la tragedia anunciada por los Sismos de Haití, Chile, Pisco y el Japón, para poder resistir un sismo por encima de 8 grados de la Escala de Richter debemos trabajar en los planes serios de contingencia y mitigación, especialmente en la ejecución de simulacros,  además de un estudio de las  micro zonación sísmica (aceleraciones y trepidaciones), y una evaluación de las edificaciones vencidas por el tiempo, especialmente la torre del reservorio de agua y se adecue a las normas de zonas de seguridad y señalización para todo tipo de desastres y emergencias en coordinación con Defensa Civil e INDECI. Los simulacros determinados por disposiciones estatales no deben constituirse en un simulacro de simulacro de sismo como ocurrió últimamente en nuestra universidad o como diría el Dr. Julio Kuroiwa “los simulacros son un desastre”.

La magnitud de las consecuencias fatales en un desastre torrencial o sísmico esta en estrecha relación con no solamente con los componentes naturales sino sociales como la ocupación de viviendas que están próximas a colapsar o en viviendas en cerros en deplorables condiciones estructurales de seguridad.

Los simulacros constituyen una oportunidad para comprobar el nivel de respuesta de los ocupantes, de la comunicación de emergencia médica local y hospitalaria, la verificación de los equipos y señales de peligro y salidas de emergencia y el cumplimiento de los parámetros de las normas de control de gases, electricidad y edificaciones, como la atención de emergencia local para la atención de siniestrados y el control de incendios y explosiones.  Para que el país y sobre todo la Universidad pueda  resistir un sismo de los niveles de Haití, Chile o Japón se necesita un estudio amplio de su infraestructura afectada por los suelos y el tiempo con un presupuesto efectivo y la ejecución de planes preventivos serios y así como vamos de bastante buena suerte.

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UNITED NATIONS, New York — With nearly a billion people living without access to an improved water source and 2.5 billion lacking access to improved sanitation facilities, the world faced a “true crisis” the Human Rights Council’s Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation told the Permanent Forum on Indigenous Issues on Tuesday 24 May, during a half-day discussion on the right to water.

Photo: Catarina de Albuquerque, Human Rights Council’s Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation.

Asking who exactly did not have access and why, Catarina de Albuquerque said it was always the same people — the marginalized, the poor and those without a political voice.  In countries with indigenous populations, it too frequently included indigenous peoples.  “Like so many other human rights, indigenous peoples suffer disproportionate violations of their rights to safe drinking water and sanitation,” she told the gathering of Member States, indigenous organizations, civil society and local and indigenous Governments.

Acknowledging that the participants in the Forum’s two-week annual session — which is expected to conclude Friday, 27 May — were undoubtedly aware of that reality, she stressed that “such lack of access is not simply an unfortunate situation nor a coincidence, but is a direct result of policies and politics which exclude certain segments of the population”.

Sharing a lesson from her first country visit to Costa Rica after she took up her mandate in 2008, she said she had been dismayed by the lack of attention to improving the situation of that country’s indigenous peoples.  With nearly universal access in urban areas and good access in many rural areas, Costa Rica was on track to meet the Millennium Development Goals on water and sanitation.  However, its focus on that general “positive” trend overlooked the fact that indigenous people living in its two dozen indigenous reserves lacked access to safe drinking water or sanitation services, and specific, targeted and deliberate policies were needed to ensure such access was granted to them.

Noting that the activism of indigenous communities had been crucial in bringing such situations to light, she highlighted the Forum as another avenue for exposing human rights violations and pressuring Governments to ensure that indigenous rights were fully protected.  She further encouraged participants to fight for indigenous peoples’ right and to continue to engage with the international human rights system, including through the special procedures system and its network of Special Rapporteurs, of which she was only one part.

“When violations of the right to water are being experienced, sadly, a host of other deprivations and violations are also reported,” she said, suggesting that indigenous communities could go further in using the United Nations mechanisms — including the mandates of the other special rapporteurs, the treaty monitoring bodies and the Universal Periodic Review — to claim their rights.

Among the other three speakers making introductory remarks this morning, Aicha Cheik Salah, of the Tidawt Organization in Niger, highlighted the complexities at the intersection of State approaches to water rights and the understanding of water among indigenous peoples.  “How can we legislate a resource that is constantly moving?” she asked, pointing out that ideas of water ownership among the nomadic Toureg and Peulh peoples of the Sahara were based on oral traditions and differed from those of the State.  Indeed, those nomadic communities were often confused by the written statements of companies or Governments, she said.

Echoing many speakers throughout the morning debate, she said it was critical that traditional practices be borne in mind in any water policy.  She further stressed that water needed to be accessible and free according to the nomadic code, while monitoring the quality and quantity of the water available was also absolutely crucial.

Recalling the debate that surrounded the General Assembly’s adoption of a resolution in 2010 that confirmed the right to water and sanitation, Pablo Solón, Permanent Representative of Bolivia to the United Nations, stressed that it was irrelevant to talk about “derivative rights” in the case of water, since it was a right on the same level as all other rights.  Citing the so-called Cochabamba “water wars” fought in his country in 2000 over proposals for privatizing water, he said “it would be suicide to go down the road of a privatization and mercantilization of water and other resources”.  That was particularly true, he suggested, with respect to the “green economy” concept, which was one of themes of the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development, known as “ Rio+20”.

In that regard, he was the first of many speakers to call for a new understanding of water and rights, saying that, “at Rio+20, we must begin to speak of the rights that water has”.  He further underscored that water had its own laws and life cycle, adding that, paradoxically, water did not belong to anyone, although it belonged to everyone.

During the ensuing discussion, a number of speakers expressed alarm over increasing attacks on water — or what some called “aquacide” — from mega-projects such as dams, extractive industry practices and privatization schemes.  This aggression towards water resources threatened indigenous peoples’ existence, several said, noting that water was traded, access was restricted and water sources were blocked.

Against that backdrop, speakers called on the Forum to conduct a study on indigenous peoples and water, including the impact of water resource use for industry.  Calls were also made for a full investigation of the possible impacts of the United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries ( REDD+ ) and other low-carbon or green economic strategies.

Many speakers emphasized the need to monitor human rights compliance by multinational corporations, requesting the Forum to implement a process to assess, evaluate and, as needed, propose measures for States to monitor corporations carrying out activities that affected the right of indigenous peoples to water. A number of speakers said that approach must specifically address free, prior and informed consent and the treaty right to water.  Some also recommended the appointment of a special rapporteur to examine the privatization of water by multinational corporations.

Source: UN News Centre

Updated 25.05.2011
Published by: Magne Ove Varsi

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Por Miguel Ibáñez Sánchez*

21 de marzo, 2011.- El 21 de marzo del año 1960 en el barrio Shaperville de la ciudad de Johanesburgo, capital de África del Sur, cerca de 20 mil sudafricanos iniciaron una protesta contra la “Ley de pase” una especie de carnet de identidad que limitaba a las personas por razones de color de piel transitar por lugares determinados, esta protesta pacífica fue interrumpida por las tropas del ejército asesinando a 60 personas e hiriendo cerca 180. La Organización de las Naciones Unidas en 1966 en memoria de los caídos acordó el 21 de marzo como Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Discriminación Racial.

Frente a la preocupación mundial que la discriminación racial, la xenofobia, la intolerancia y otras maneras de violencia que imperaban en el mundo se aprueba en las Naciones Unidas la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965 entró en vigor el 4 de enero de 1969, como instrumento legal internacional para combatirlas.

La ONU dice que es la convención de derechos humanos de las Naciones Unidas más antigua y más ampliamente ratificada. Aunque ha sido firmada y ratificada por 170 Estados y está en vigor desde 1969, la discriminación racial y otras formas de intolerancia siguen siendo un problema muy extendido en muchos países del mundo.

En 2001, la comunidad internacional aprobó en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia la Declaración y el Programa de Acción de Durban medidas eficaces para la ejecución de aplicación de los principios de no discriminación e igualdad.

Entre estas medidas eficaces trabajan tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo los mecanismos para el cumplimiento de esta fundamental Convención son materia de discusiones en los foros internacionales para el control, la identificación y sobre todo las sanciones para los incumplimientos. Podemos decir en materia de los instrumentos legales en el ámbito de la lucha contra todas las formas de discriminación contra los niños, las mujeres y los pueblos indígenas se ha incrementado, pero en la parte de los mecanismos para el cumplimiento eficaz de los mismos no han tenido los mismos resultados.

Otro de los instrumentos importantes dentro de este marco es la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo aprobada por las Naciones Unidas en 1979, y se interpreta como la carta de los Derechos de la Mujer.

Los países firmantes tienen la obligación jurídica de efectuar medidas eficaces para el cumplimiento y efectuar un reporte cada cuatro años sobre las disposiciones legales y avances logrados. Al 1º de junio de 2004, 177 estados se constituyen como partes de la Convención que fue obligatorio a partir del 3 de setiembre de 1981.

El Protocolo Facultativo de la Convención fue aprobado por la Asamblea General en 1999 como resultado de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena (1993) y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) el derecho de petición debería están incluido en el Protocolo Facultativo.

De esta manera se reconoce el procedimiento para que las mujeres puedan presentar al Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer demandas por violaciones de sus derechos estipulados por la Convención. En relación a todas las formas de la discriminación y violencia contra las niñas tuve la oportunidad de asistir como Profesor de la Universidad de San Marcos e invitado por el Comité de la Década de las Poblaciones Indígenas ONG de las Naciones Unidas, a la 51ava Sesión de la Comisión del Estatus de la Mujer que se llevó a cabo del 26 de febrero al 9 de marzo de 2007 en las Naciones Unidas, Nueva York, sesiones en la que se ratificaron la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de la Cuarta Conferencia de la Mujer y las preocupaciones de las partes sobre situación de las niñas en el marco de la explotación laboral, la privación de alimentos, agua y recursos educativos, la desigualdad de género, la explotación riesgosa, el desarrollo del HIV-SIDA, y las formas de violencia civil y militar.

En el mundo la violencia racial, política, y religiosa se está incrementado rápidamente. Generalmente están involucrados intereses energéticos especialmente de los hidrocarburos, la minería del oro, los diamantes y el uranio y los grandes bosques tropicales. Miles de niños y mujeres han sido reclutados y han muerto víctimas de conflagraciones y pueblos indígenas enteros han sido despojados de sus tierras y territorios.

El Banco Mundial y otros bancos corporativos impulsan la Reducción de la Emisiones de bióxido de Carbono por la reforestación y usos de suelos degradados (REED) sin contar con participación efectiva de los pueblos indígenas, este programa constituye una malévola apropiación financiada de territorios indígenas dentro del marco de la discriminación mundial.

Por otro lado la consecuencias del cambio climático ha provocado sequias e inundaciones inesperadas como el desarrollo de enfermedades y la desnutrición, incrementando las pobreza y la extrema pobreza. La cumbre de las partes del Protocolo de Kioto en Copenhague, Cancún ha eludido las cuotas de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero comprometidas y en todas las negociaciones han discriminado severamente a los pueblos indígenas afectados por el cambio climático.

Los componentes de la criminalización de las jornadas de lucha en defensa de las tierras, territorios y recursos naturales se ha convertido en una práctica común por las fuerzas policiales y militares en Sudamérica. En el Perú centenares de dirigentes, activistas esta judicializados y sometidos a torturas en las cárceles con la finalidad de aplastar las protestas contra la pérdida de sus bosques, el envenenamiento de los cuerpos de agua y el aire que efectúan las grandes corporaciones mineras y agroindustriales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado un informe intitulado los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales (2011), en el cual da una especial importancia la protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas considerando que los estados deben tener en cuenta que este goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación a sus tierras.

Sin embargo, la continua lucha contra la discriminación puede traer sentencias validas para la jurisprudencia internacional como la decretada el 4 de agosto de 2010, por la Corte de Apelaciones de Valdivia, Chile, acogió el recurso de protección a favor de comunidades mapuche de Lanco, afectados por la ilegal Resolución Exenta Nº 041, de 5 de abril de 2010 de CONAMA que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli” cuyo titular es la Municipalidad de Lanco.

La serie de sentencias a favor de los mapuches de Temuco, Valdivia, Puerto Montt ha sido acogida en virtud de lo señalado por el Convenio 169 OIT en lo que a la previa consulta se refiere.

Las jornadas de las luchas de los pueblos indígenas en el Perú contra la discriminación y la intolerancia han provocado la derogatoria de Decretos Leyes del actual gobierno acerca del manejo de la flora y fauna, y la tenencia de las propiedades, y ahora ultimo Decretos Supremos de urgencia pretenden apurar las inversiones y las operaciones sin contar con los estudios de impacto ambiental y el libre, previo informado consentimiento a los pueblos indígenas afectados.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que la cifra más víctimas fatales de la violencia fue de 69,280 personas y constató que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de violencia. En el departamento andino de Ayacucho, donde ésta se inició, se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ellas las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas.

La CVR reconoce que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Esto significa que la violencia sacudió a la población indígena y cuyos autores mayormente provenientes del aparato militar recibieron recompensas, ascensos y protección y los casos más sonados como Putis, Cayara y Accomarca se encuentran entrampados en la impunidad.

Considerando estos elementos sociales y políticos durante el conflicto el estado peruano y las fuerzas represivas y sus planes actuaron considerando a los 70 mil indígenas quechuas como ciudadanos de tercera categoría sin derechos civiles ni políticos y luego la destrucción de las evidencias de los crímenes lesa humanidad no pueden resolverse por la negativa de las fuerzas militares de dar la información correcta. Solamente porque se trata de pueblos indígenas.

El desarrollo de la economía neoliberal es compatible con la discriminación y la intolerancia y ha traído nefastas consecuencias para los pueblos empobrecidos de la ciudad y del campo. El estado ha montado un aparato educativo destinado a la destrucción de la identidad, y a la desaparición de las lenguas nativas y la expresión multicultural de sus vestidos, diseños, arte, música, tradiciones orales y danzas que se practican intensamente en todo el Perú.

La UNESCO ha proclamado que más del 50 % de las lenguas indígenas corren el riesgo de desaparecer y en nuestra país a pesar que las lenguas nativas cuenta con una salvaguarda constitucional (Quechua y el Aimara) no cuentan con los medios necesarios para su protección y consolidación educativa a excepción cuando los candidatos acriollados se ponen los chullos y los ponchos y ensayan dos o tres palabras en quechua y algunos pasos de huaynos para conquistar votos.

Por otro lado una inmensa maquinaria cultural de las corporaciones de ventas al por menor y franquicias ha señalada las pautas de una discriminación malévola. La mayoría de los rostros en la publicidad compiten por exponer la raza caucásica como el mayor exponente de la discriminación racial en un universo peruano de indígenas y mestizos.

La publicidad sin regulaciones ni trabas establecen expresiones de xenofobia y discriminación racial en Perú que son violatorios de la normas establecidas por las Naciones Unidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que el Perú está obligado a cumplir.

* Miguel Ibáñez Sánchez es Doctor en Geografía y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Photo courtesy Hitorangi

http://www.indiancountrytoday.com/global/Rapa-Nui-people-under-attack-from-Chilean-police-112375599.html

By Rick Kearns, Today correspondent

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofrece la Beca “Pueblos Indígenas” sobre derechos humanos y derecho de los pueblos indígenas.

1) Lugar de la Beca: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Dirección: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C., Estados Unidos de América.

2) Modalidad: Presencial

3) Plazo para la presentación de candidaturas: 14 de diciembre de 2010

4) Fechas de inicio y de finalización: 18 de enero – 17 de mayo de 2011

5) Duración: Cuatro meses

6) Número de Becas: 1 (una)

7) Objetivos: Ofrecer la oportunidad a jóvenes profesionales abogados indígenas provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de conocer y aplicar los mecanismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el área de los derechos de los pueblos indígenas. La Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH fue creada en el año 1990 y tiene por objeto fortalecer, impulsar y sistematizar la acción de la CIDH en el área de los derechos de los pueblos indígenas en América.

Programa: a) Apoyar el trabajo de la Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana, bajo la supervisión de sus especialistas durante el período de la beca.

9) Requisitos:

● Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA;

● Ser miembro de un pueblo indígena de las Américas;

● Ser graduado en derecho de una universidad oficialmente acreditada (enviar copia del título y calificaciones obtenidas);

● Haber recibido el título universitario en derecho después del primero de enero de 2002;

● Interés profesional demostrable en el área de los derechos humanos, preferiblemente en el campo de los derechos de los pueblos indígenas;

● Dominio del idioma castellano (el conocimiento de otro de los idiomas oficiales de la OEA es deseable);

● Presentar un trabajo de hasta cinco páginas no editado por otra persona, sobre un tema de interés por parte del postulante en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas;

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ONU Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014

ONU. 16.11.2010.- La Tercera Comisión de laAsamblea General de las Naciones Unidas(ONU) aprobó por consenso el proyecto de resolución A/C.3/65/L.22/Rev.1 que acuerda celebrar una Reunión Plenaria de Alto Nivel en 2014, que recibirá el nombre de “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas”.

Esta Conferencia se realizará al finalizar elSegundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005 – 2014), y tendrá por propósito intercambiar criterios sobre el ejercicio y cumplimiento de los objetivos de laDeclaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

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El 4 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones de Valdivia, sur de Chile, dictó sentencia acogiendo recurso de protección a favor de comunidades mapuche de Lanco,  afectados por la ilegal Resolución Exenta Nº 041, de 5 de abril de 2010 de CONAMA que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli”cuyo titular es la Municipalidad de Lanco.

Con esta nueva sentencia, ya suman tres las Cortes de Apelaciones del sur de Chile, territorio mapuche, – Temuco, Valdivia, Puerto Montt – que han acogido recursos contra resoluciones administrativas que incumplen con el deber de consultar a los pueblos indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

La sentencia, entre otros considerandos, establece que

“No cabe duda que existe una vinculación de las comunidades indígenas del sector donde se emplazará el proyecto con el medio ambiente que lo rodea, por lo que es atinente en la especie lo que señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 25 contempla el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma”.-

“El Convenio 169 – sobre Pueblos Indígenas y Tribales que se alude en el recurso es relevante en esta materia; en su artículo 6 Nº 1, indica: Al aplicar las disposiciones del presente convenio los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente ”

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El Centro de Estudios de Geografía CECIG, Representación de Graduados del Tercio del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen el agrado de invitar a Ud. a la Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad.

Miércoles 19  en el Auditorium  3 de la Facultad de Ciencias Sociales a horas   1.30 p.m. Ciudad Universitaria Puerta # 3.  CERTIFICADO DE ASISTENCIA gratis.

La disertación central esta a cargo del Dr. Miguel Ibañez Sánchez, con el tema:

La Biodiversidad y el Cambio Climático.

Exposición del Dr. Miguel Ibañez

Sánchez, en el Foro Permanente

sobre los Asuntos Indígenas.

Naciones Unidas. Nueva York.

Mes de mayo 2009.

«Lo que queda de la biodiversidad en el planeta lo debemos a los pueblos indígenas. Ellos han sido los guardianes milenarios de la claridad de los ríos y lagos, la espesura de los bosques y la existencia de la fauna  en todas partes. Sin embargo los pueblos indigenas son considerados por los estados y por las corporaciones que controlan la economía globalizada como ciudadanos de tercera categoría sin derecho a sus tierras, bosques, lagos  y en en forma sistemática pierden sus expresiones culturales y sus propias vidas.

Un ejército de traficantes de tierras, madereros, mineros invaden los bosques tropicales del mundo con el único afán  de depredarlos, apoyados por el Banco Mundial y el BID emprenden proyectos hidroeléctricos y agroindustriales  sin importantes la biodiversidad natural y los pueblos indígenas que viven en ella.  Pongamos ahora en nuestra agenda la defensa del planeta y su biodiversidad solo en la defensa de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.»

El acto de contará con apoyo de la Asociación Habitat Pro, Servindi, IWGIA, Asociación Cultural Boletín de Lima  y otras instituciones que harán entrega de publicaciones relacionados con la Biodiversidad en el Perú y las denuncias de su destrucción.

Miércoles 19 m 1.30 p.m. Auditorium Fac.Ciencias Sociales. Puerta # 3 CU.

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